El Gobierno ha anunciado la suspensión oficial de las campañas institucionales de publicidad y comunicación con carácter oneroso, realizadas por la Administración Central, por un periodo de un año. La medida, formalizada a través del decreto 89/2023 y publicada en el Boletín Oficial, contempla la posibilidad de excepciones y la opción de revocar la medida en casos específicos.
El decreto tiene como objetivo principal ajustar estructuras y procedimientos para hacer más eficiente el gasto, considerando las actuales circunstancias. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de prorrogar la suspensión de manera fundamentada si las circunstancias así lo requieren.
Se exceptúan de esta suspensión los actos de publicidad oficial cuya obligatoriedad emane de la normativa vigente, así como las campañas derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas. La medida busca distinguir entre las campañas esenciales y no esenciales, basándose en criterios de oportunidad y conveniencia.
En los considerandos del decreto se destaca la necesidad de preservar las obligaciones del Estado Nacional en cuanto a la difusión de actos de gobierno y comunicación ciudadana. No obstante, se resalta la conveniencia de suspender las campañas no esenciales como parte de una estrategia para optimizar el gasto y ajustar procedimientos.
Se especifica que la suspensión temporal no afectará las campañas cuya obligatoriedad está establecida por la normativa vigente, como la publicación de leyes, decretos y resoluciones. Además, se menciona la intervención del servicio jurídico correspondiente en el proceso. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
