El anuncio del aumento del 27,5% en los haberes de los jubilados a partir de abril ha generado expectativas y también interrogantes. La nueva fórmula de ajuste, oficializada mediante Decreto, plantea una serie de eslabones legales que deben cumplirse, lo que deja abiertos algunos cuestionamientos sobre su aplicación.
Según confirmaciones del Ministerio de Economía, el aumento de las jubilaciones en abril será del 13,2%, correspondiente a la inflación de febrero, más un tramo compensatorio del 12,2%, además del bono de $70.000. Esto resulta en un haber mínimo de aproximadamente $241.000, marcando un alivio para los beneficiarios.
Para los meses subsiguientes, la nueva forma de ajustar las jubilaciones seguirá vinculada a la medición de la inflación, lo que implica que el haber base se incrementará de acuerdo con el aumento de los precios.
Sin embargo, la norma incluye la obligación legal de mantener la fórmula de movilidad jubilatoria vigente hasta el 1° de julio. Por lo tanto, en mayo y junio, el ajuste se realizará conforme a la inflación de marzo y abril, aunque bajo la modalidad de “pago a cuenta”, debido a que la ley actual contempla ajustes trimestrales.
Por ejemplo, si el trimestre arroja un aumento del 17% según la ley actual y la inflación es del 20%, los jubilados recibirán el 3% adicional. A partir de julio, con la derogación de la ley vigente, se comenzará a calcular directamente con la inflación del mes anterior. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
