Amparos contra las prepagas: ¿Se viene un megajuicio histórico?

En un contexto de fuerte inflación, las empresas de medicina prepaga han incrementado sus cuotas de manera significativa en los últimos meses. Con un aumento del 8 por ciento en la cuota de abril, las prepagas acumulan un aumento del 114 por ciento en cuatro meses, superando ampliamente la tasa de inflación registrada entre enero y marzo, que no superó el 53 por ciento.

Este aumento ha generado indignación entre los 7 millones de afiliados en total, muchos de los cuales han manifestado su intención de llevar el caso a la justicia. La situación se agrava con el contexto de incertidumbre económica y social, exacerbada por la pandemia y la crisis económica que atraviesa el país.

Desde que las empresas de medicina privada quedaron liberadas para fijar el monto de las cuotas, en virtud del mega-DNU lanzado por el Gobierno, distintos juzgados han dictado medidas cautelares para revertir estos incrementos y vincularlos con la evolución del Índice de Precios al Consumidor o con índices salariales.

Uno de los casos más destacados es el de Swiss Medical, contra la cual se han extendido medidas cautelares en los juzgados federales de San Martín, simplificando el proceso legal y alentando más demandas de manera colectiva. Este movimiento podría propagarse a otros tribunales, exacerbando una situación ya tensa.

La Justicia continúa dictando medidas cautelares contra los sucesivos aumentos de las prepagas, con fallos mayormente favorables a los jubilados. Los argumentos de las empresas de medicina prepaga, que apelan al contexto hiperinflacionario y al riesgo de desfinanciamiento del sistema de salud, enfrentan resistencia en los tribunales.

En este contexto, el Ministerio de Salud ha sido convocado para intervenir en el proceso judicial en curso, asumiendo un papel de garante de los derechos a la salud y a la vida. La situación sigue siendo incierta, con un escenario en el que la lucha por la accesibilidad a la salud se encuentra en el centro del debate público y judicial en nuestro país. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA

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