El Gobierno anunció hoy una serie de medidas para desregular el servicio de rampas en los aeropuertos, con el objetivo de acabar con lo que calificaron como el “monopolio” de la empresa estatal Intercargo. La decisión se da en un contexto de tensiones laborales luego de que empleados de Intercargo realizaran una retención de tareas que causó demoras y cancelaciones en vuelos, afectando a miles de pasajeros.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada que la administración avanzará con la apertura del mercado de servicios de rampas a otras empresas para “garantizar la continuidad del servicio” y reducir la dependencia exclusiva de Intercargo. Adorni también adelantó que, en situaciones de emergencia, las fuerzas de seguridad podrán gestionar temporalmente estos servicios aeroportuarios “de manera excepcional”, para evitar que los conflictos sindicales afecten a los usuarios.
“Ningún terrorista sindical va a tomar de rehén a un pasajero ni a arruinarle su viaje”, expresó Adorni, aludiendo a las recientes demoras y cancelaciones que paralizaron vuelos de aerolíneas como Flybondi, Jetsmart, Gol, Sky y Latam. El funcionario estuvo acompañado en el anuncio por los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Seguridad, Patricia Bullrich; y por el secretario de Transporte, Franco Mogetta.
La situación se agudizó esta tarde cuando los trabajadores de Intercargo iniciaron una “asamblea informativa” en respuesta al despido de 15 empleados involucrados en la retención de tareas. Durante la asamblea, no se realizó la carga de equipaje ni la atención en pista para vuelos de aerolíneas internacionales, lo que generó complicaciones para cientos de viajeros en los principales aeropuertos del país.
El Gobierno argumenta que la apertura del servicio de rampas a otros operadores permitirá evitar futuros conflictos y mejorar la eficiencia en el manejo de equipajes y servicios en pista. Sin embargo, el sindicato que representa a los trabajadores de Intercargo expresó su rechazo, argumentando que la medida apunta a una privatización encubierta que afectará la estabilidad laboral y la seguridad en los aeropuertos. (Agencia OPI Santa Cruz)
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