Entre 2016 y 2024, la relación entre la jubilación mínima y la canasta básica total de un adulto mayor evidenció un marcado deterioro, afectando significativamente el poder adquisitivo de los jubilados. Según un informe de la Fundación Éforo, en abril de 2016, la jubilación mínima equivalía a 1,8 veces la canasta básica de un adulto mayor, un nivel que garantizaba ingresos suficientes para cubrir necesidades esenciales. Sin embargo, en febrero de 2024, esa relación cayó a 0,6, alcanzando el nivel más bajo en 15 años.
Esta situación dejó a los jubilados que perciben el haber mínimo por debajo de la línea de pobreza. El informe subraya que la caída acumulada de las jubilaciones promedio en las últimas cinco gestiones presidenciales es de aproximadamente 34%, un fenómeno que se acentuó en los últimos meses.
En contraste, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reportó un superávit financiero acumulado de $5,2 billones entre enero y octubre de este año, una cifra sin precedentes en la última década. Este excedente representa el principal motor del superávit total de $1,9 billones registrado por la Administración Pública Nacional (APN). De hecho, excluyendo los resultados de la Anses, la APN arrojaría un déficit de más de $3 billones.
El informe detalla que la Anses recaudó $36,3 billones en el mismo período, mientras que sus gastos ascendieron a $31,1 billones, dejando un excedente neto de más de $5 billones. Pese a estos resultados, el Poder Ejecutivo no destinó recursos adicionales para mejorar las jubilaciones ni implementó refuerzos en las prestaciones sociales. Además, vetó una ley de movilidad jubilatoria que habría incrementado los haberes de los pasivos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) destacó que la deuda acumulada con las cajas previsionales provinciales alcanzó $703.353 millones en julio, equivalentes al 0,13% del PBI. Por otro lado, el impacto pleno de la ley vetada habría representado un gasto adicional del 0,44% del PBI, una cifra similar al superávit acumulado de la Anses.
El informe concluye que el ajuste en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3% del total del recorte en las cuentas públicas nacionales, lo que genera cuestionamientos sobre las prioridades en la asignación de recursos frente a un escenario de creciente vulnerabilidad para los adultos mayores. (Agencia OPI Santa Cruz)
