El fallecimiento de Jesús Rafael Álvarez, un detenido en la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito, es el segundo deceso registrado entre los presos políticos de la crisis post electoral en Venezuela. Álvarez, de 44 años, murió el jueves según informaron la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de Presos Políticos.
El hijo de la víctima, Jesús Álvarez, denunció que su padre fue “castigado y asesinado en la cárcel“. A través de un comunicado del OVP, detalló que las autoridades solo le entregaron las pertenencias del fallecido y fotografías del cuerpo, en las que aparecía “irreconocible, extremadamente delgado y con signos de golpes“.
El primer fallecimiento en el grupo de detenidos había sido el de Jesús Manuel Martínez, de 36 años, militante del partido de la opositora María Corina Machado. Martínez murió por complicaciones cardíacas asociadas a la diabetes tipo II mientras estaba internado en un hospital en Barcelona, estado Anzoátegui.
Estas muertes ocurren en el contexto de la detención de más de 2.400 personas tras las protestas contra el tercer mandato de Nicolás Maduro, señalado por la oposición de fraude en las elecciones del 28 de julio. Según información de medios internacionales, Maduro enfrenta presiones ante una posible crisis institucional provocada por el supuesto fraude en los comicios que habría perjudicado a los candidatos opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
En este marco, se acusa al régimen venezolano de mantener retenidos a ciudadanos extranjeros como garantía para negociar su eventual salida del poder. Un informe de Infobae señala que entre los secuestrados se encuentran ciudadanos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
Entre los casos destacados está el de Agustín Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien fue detenido el 8 de diciembre al ingresar a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Táchira. Según Newsweek Argentina, Gallo, oriundo de Catamarca y miembro del escuadrón 27 de “Uspallata” en Mendoza, había viajado para visitar a su pareja venezolana y a su hijo de dos años. La Gendarmería Nacional confirmó que el viaje contaba con autorización formal y no estaba relacionado con misiones oficiales.
El incidente eleva las tensiones internacionales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y la supuesta utilización de ciudadanos extranjeros como rehenes en un escenario político incierto. (Agencia OPI Santa Cruz)
