Carboeléctrica: vienen los cambios. Reducción de personal, presupuesto acotado y la obligación de hacerla funcionar, que hasta ahora, la Intervención no logró

El yacimiento de carbón de Río Turbio está transformado oficialmente en un “Carboeléctrica Río Turbio SA”, cuestión que aparentemente ATE no lo leyó en el Decreto 115/25, ya que sigue dirigiéndose hacia “Yacimiento Carboníferos de Río Turbio”. A partir de esta nueva figura, la misma que pedían los sindicatos y el FPV que nunca implementó en 20 años, los cambios que sobrevienen en la empresa son claves y todo el tiempo que han perdido en este año donde YCRT no funcionó como un nicho de oportunidad para los trabajadores, sino para un universo de vivos y saqueadores, ahora comienza a acortarse significativamente y podríamos decir que el yacimiento se encamina al tramo final, del cual dependerá su subsistencia o vaya a saber qué destino le tiene reservado el futuro, si no le inyectan capital, la ponen a producir y la hacen autosustentable.

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Pablo Gordillo, ahora (y esta vez se advierte como definitiva) tiene 60 días con 30 más de gracia, para adecuar y confeccionar el presupuesto de la Carboeléctrica, sanearla, ponerla a producir y hacerla atractiva para tentar a posibles inversores.

Thierry Decoud cuando asumió y Gordillo cuando lo sustituyó, dijeron públicamente que el gobierno nacional les había dado 90 días para poner en orden la empresa y hacerla producir. Pasó un año y la empresa nunca pudo ponerse en marcha como lo anticiparon, el stock de 30 mil toneladas de carbón que había en las playas de la empresa y Punta Loyola, fueron acumuladas desde el 2023; cuando quisieron venderlo en subasta fracasaron y ahora (aparentemente) la habrían colocado al precio base ofrecido en la subasta fallida a través del Banco Ciudad.

Durante estos 60/90 días que el Estado nacional les renovó, el gobierno nacional asistirá económicamente a la Carboeléctrica, pero luego de ese tiempo y así lo han ratificado las fuentes del gobierno nacional consultadas por esta Agencia, no habrá más plata para la ex YCRT.

El  gobierno provincial, cuyo elegido es el Interventor Pablo Gordillo, tendrá por delante la tarea que hasta ahora nadie quiso poner en marcha: el saneamiento de la empresa con la consiguiente reducción de personal. Esta es una condición fundamental que cualquier privado va a exigir, porque como es sabido que no vendrán a hacer beneficencia y dentro de los costos de producción, el mayor pertenece al salario. Por esta razón ya sea el propio Gordillo el Directorio, deberá tomar esta decisión y asumir el costo político.

Hasta antes del Decreto, YCRT era una empresa intervenida del Estado Nacional cuya administración, financiamiento y decisiones dependieran directamente del Gobierno Nacional, que sostenía con cargo a todos los argentinos, salarios, insumos, gastos de producción, etc. Con la transformación en Sociedad Anónima (S.A.), la empresa pasa a regirse por normas de derecho privado, aunque el Estado pueda seguir teniendo participación en su capital. Si bien no se puede considerar una privatización total de YCRT en lo inmediato, ahora corren los tiempos para que haya una venta total o parcial de la empresa a inversiones privados.

Este cambio no implica automáticamente una privatización total, pero sí allana el camino para una eventual venta parcial o total de la empresa a inversores privados.

Estamos muy cerca de lo que alguna vez informamos que podría ser una posibilidad y es que el gobernador de Santa Cruz le agregue a la provincia, el sostenimiento de parte del super millonario presupuesto de la nueva empresa, adquiriendo una participación activa en la Carboeléctrica.

La pelota en cancha de los sindicatos

Actualmente, los trabajadores de YCRT están bajo el régimen público, lo que les otorga estabilidad laboral y ciertos beneficios propios de empresas estatales (no pueden ser despedidos sin sumario administrativo previo, por ejemplo), pero con la transformación en S.A., la empresa pasará a regirse por el derecho privado, lo que podría modificar la estabilidad y las condiciones de contratación en el futuro.

Los Convenios colectivos de trabajo deberán ser respetarlos por la nueva empresa, hasta que haya una renegociación con los sindicatos. En caso de privatización parcial o total, la nueva administración podría modificar condiciones laborales, lo que deberá ser negociado con la representación sindical. Este marco la reestructuración empresaria podría dar lugar a despidos y es allí donde los sindicatos deberán estar organizados para defenderse de la arbitrariedad con la que puedan aplicarlos.

Una ley vieja y una decisión nueva

El presidente Javier Milei hizo un encuadre jurídico muy particular al Decreto 115/25 para la creación de la Carboeléctrica, porque se basa fundamentalmente en una ley sancionada en el año 1993 durante el gobierno de Carlos Menem.

Se trata de la Ley N° 23696/93 denominada “ley de Transformación del estado” que está vigente desde aquellos años y nunca fue derogada.

Curiosamente, los sindicatos y sectores políticos del Peronismo/kirchnerismo no podrán cuestionar a Milei de manera coherente y lógica, siendo que en los últimos 25 años han tenido todo el poder en ambas cámaras y en la presidencia y gobernación de la provincia y nunca intentaron derogarla.

Ahora, cuando los sindicatos comienzan a cargar contra el gobierno nacional por la decisión tomada, deberán reflexionar sobre la conducta de los gobiernos anteriores de su propio signo político, que, dejando vivo este recurso a mano, le permitió al gobierno de La Libertad Avanza concretar sus objetivos de privatización, entre ellos el de YCRT.

Una planta que sufrirá modificación

YCRT ha sido el nicho de empleo del kirchnerismo y no kirchnerismo en los últimos 20 o 25 años. Hoy el total del personal es de 2.156 personas dividida en 19 localidades, 11 funciones y 8 áreas, tal como surge de la información oficial del Dpto RRHH de la empresa.

Todo esto será puesto en revisión en los próximos meses pero la incertidumbre y falta de información por parte de Gordillo, el gobierno nacional y/o el provincial, produce un problema aún mayor que genera inestabilidad en la empresa, en los gremios y en muchas familias que dependen de un yacimiento el cual, hasta la fecha, pocos o ninguno de los que han tenido la responsabilidad de dirigir, se han preocupado por transparentar, actualizar y poner a producir seriamente. (Agencia OPI Santa Cruz)