El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para incentivar la incorporación de dólares no declarados a la economía formal comenzará a debatirse la próxima semana en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que todavía no cuenta con los consensos necesarios para avanzar con su tratamiento. La iniciativa, presentada bajo el nombre de “Principio de Inocencia Fiscal”, propone una serie de reformas al Régimen Penal Tributario y establece un nuevo esquema para facilitar la regularización de activos, pero enfrenta obstáculos legislativos que complican su aprobación.
El principal escollo se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario José Luis Espert. Allí, La Libertad Avanza necesita conseguir al menos 21 firmas para empatar a Unión por la Patria, que junto a la izquierda suma 21 de los 49 miembros. Para alcanzar el dictamen, el oficialismo requiere además un total de 25 firmas, lo que lo obliga a sumar apoyos de otras bancadas como el PRO, la UCR, Innovación Federal, MID, Producción y Trabajo, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
En cambio, el oficialismo estima que tendrá mayores posibilidades de lograr el dictamen en las comisiones de Legislación Penal, presidida por la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, y en la de Legislación General, a cargo de Santiago Santurio, donde el armado de alianzas parlamentarias resulta más favorable para el oficialismo. No obstante, aún se mantienen negociaciones con sectores clave del Congreso para destrabar el debate en Presupuesto.
El proyecto fue girado la semana pasada a las tres comisiones mencionadas y apunta a modificar los parámetros legales con los que la AFIP y la Justicia fiscal investigan posibles delitos de evasión. Entre los cambios más destacados, eleva el umbral mínimo de evasión simple de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y para que se considere evasión agravada, el monto deberá superar los 1.000 millones de pesos, frente al piso actual de 15 millones.
Además, la iniciativa reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años y crea un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, con un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos. Quienes adhieran al régimen quedarán exentos de justificar aumentos patrimoniales o consumos, y el control del fisco se limitará únicamente a los ingresos facturados, sobre los cuales se calculará el impuesto correspondiente.
Desde el Ejecutivo consideran que esta reforma permitirá blanquear fondos no declarados y facilitará el uso de dólares que hoy circulan fuera del sistema, incentivando así el ingreso de capitales a la economía real. Para lograr su aprobación, el oficialismo también prevé continuar con el diálogo con gobernadores y bloques “dialoguistas”, replicando la estrategia utilizada para conseguir el respaldo al DNU que ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Mientras tanto, el debate legislativo quedará condicionado al resultado de las negociaciones políticas de esta semana. Sin el respaldo suficiente en la Comisión de Presupuesto, el proyecto no podrá llegar al recinto, lo que representa un desafío para el oficialismo en su intención de avanzar con esta pieza central de su estrategia económica. (Agencia OPI Santa Cruz)