La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal en rechazo a los límites impuestos por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a las visitas que puede recibir mientras cumple prisión domiciliaria. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostienen que esta medida condiciona de manera directa sus derechos políticos y partidarios, al requerir autorización judicial previa para mantener reuniones con dirigentes políticos que no integren el listado previamente autorizado.
El planteo fue elevado a la sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes semanas atrás confirmaron la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la ex vicepresidenta en el marco de la causa Vialidad. En esa sentencia, además, se dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los letrados argumentaron que la exigencia de fundamentar cada solicitud de visita fuera del listado básico —que incluye familiares directos, abogados, personal médico y de custodia— genera un “desgaste jurisdiccional” innecesario. A modo de ejemplo, informaron que el TOF 2 recibió al menos 702 correos electrónicos solicitando ver a Cristina Kirchner desde que su abogado Gregorio Dalbón difundió la dirección oficial del tribunal en redes sociales, provocando un aluvión de pedidos espontáneos.
El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la condena, derivó todas esas solicitudes a la defensa de Fernández de Kirchner, recordándoles que son ellos quienes deben formalizar los pedidos debidamente justificados. Frente a esa dinámica, Beraldi y Llernovoy insisten en que la prisión domiciliaria no contempla, por norma, limitaciones de este tipo más allá de la restricción ambulatoria, y que cualquier otra imposición debe contar con sustento legal específico.
En ese sentido, señalaron que la medida del tribunal no solo excede lo establecido por la legislación vigente en relación con las condiciones de detención en domicilio, sino que también impacta de manera concreta en la posibilidad de Cristina Kirchner de ejercer su rol político en el espacio que lidera. La discusión abierta ahora en Casación pone nuevamente en tensión la relación entre las garantías constitucionales y las condiciones de cumplimiento de una pena impuesta a una figura de alto perfil institucional. (Agencia OPI Santa Cruz)