El Senado de la Nación sesionará a partir de las 11 para debatir una amplia agenda que incluye proyectos de ley sobre financiamiento universitario, emergencia en pediatría, decretos delegados y acuerdos militares. La jornada legislativa fue confirmada por fuentes cercanas a la Agencia Noticias Argentinas, tras una reunión de la que participaron líderes de las bancadas con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Entre los temas que concentran la atención, se destacan los decretos delegados que proponen una reorganización de varios organismos estatales. La iniciativa busca modificar el estatus del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), transformándolos de entes autárquicos a organismos desconcentrados, dependientes de secretarías de Estado. El Gobierno argumenta que el INTA presenta un “notorio sobredimensionamiento de su estructura“, con 932 cargos jerárquicos y “deficiencias sustantivas” señaladas por informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Por su parte, se cuestiona que el 30% del personal del INTI se concentre en el área administrativa, un ratio “muy por encima de los estándares habituales“.
Otro punto controvertido de los decretos es la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo con más de 60 años de historia. La Casa Rosada justificó esta medida alegando que la estructura actual “no se ajusta a las necesidades actuales de gestión“, lo que se traduce en “altos costos operativos” y falta de agilidad. Se sostiene que hay una “desproporción” entre el personal administrativo y el operativo, mientras que los tramos concesionados a privados demostraron ser más eficientes. Las funciones esenciales de este organismo, como la planificación de obras y la elaboración de pliegos, serían reasignadas al Ministerio de Economía.
En el marco de la misma reforma, se propone la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con el fin de “reducir el gasto público“, transfiriendo sus competencias a la Secretaría de Transporte. Las tareas de control y constatación de infracciones en rutas nacionales quedarían a cargo de la Gendarmería Nacional. También se prevé la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasaría a llamarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, absorbiendo funciones de fiscalización vial que antes pertenecían a Vialidad. Finalmente, la Junta de Seguridad en el Transporte cambiaría su nombre a “Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación”, limitando su competencia exclusivamente al sector aéreo y suprimiendo sus funciones de investigación en otros modos de transporte. (Agencia OPI Santa Cruz)
