El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, patrocinado por el abogado Sergio Macagno, presentó una denuncia con nuevas pruebas documentales ante el Juzgado de Instrucción Provincial N°3 de Río Gallegos, y solicitó que se investigue la comisión de delitos contra ex funcionarios del organismo que se desempeñaron durante el período 2015-2023.
Las pruebas implicarían las gestiones de Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, así como también a otros funcionarios que integraron los sucesivos directorios.
En la presentación judicial señalan que se habrían “cometido irregularidades en licitaciones públicas y se habrían violado normas administrativas”, que podrían encuadrarse en la posible comisión de delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
En la prueba documental se analizaron expedientes de contratación de obra pública, donde “se detectaron errores graves en el Registro de Proveedores, omisiones en la notificación al Registro Nacional de Constructores y otras acciones que podrían configurar delitos penales. Las maniobras apuntarían a beneficiar indebidamente a determinadas empresas en procesos licitatorios”.
El IDUV pidió ser querellante en la causa para participar activamente del proceso judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)
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