El sistema previsional argentino registró un déficit acumulado de $4,5 billones a septiembre, que debe ser cubierto por el Tesoro Nacional, en un contexto marcado por la pérdida de 101.347 aportantes durante el primer semestre del año. Esta situación fiscal coincide con una caída del 12% en el poder adquisitivo de las jubilaciones desde la asunción del gobierno de Javier Milei en noviembre de 2023.
Datos publicados por ASAP revelaron la reducción de aportantes entre enero y junio de este año. El desequilibrio estructural se refleja en el índice de dependencia previsional, que se mantiene en 1.8 aportantes por cada beneficiario, una cifra significativamente inferior a los tres aportantes recomendados para la sostenibilidad del sistema. Esta escasez de recursos impacta directamente en la capacidad de compra de los haberes.
A septiembre de 2025, el haber medio por titular se ubicó en $675.510, lo que representa una reducción de su capacidad de compra del 4.9% interanual. El recorte del poder adquisitivo alcanza el 12% desde que asumió el actual gobierno y acumula una pérdida del 24% en los últimos cuatro años.
La situación es más crítica para el 52.2% de los titulares del SIPA, aproximadamente 3.2 millones de personas, que dependen del bono complementario. La decisión gubernamental de congelar el monto máximo de este refuerzo en $70.000 desde marzo de 2024 implicó una reducción efectiva de sus ingresos. Para 2026, no están previstas actualizaciones de haberes más allá de los ajustes por inflación, ni tampoco del bono, evidenciando una estrategia de licuación del peso de esta ayuda en las cuentas públicas.
Paralelamente, el informe de ASAP indicó una disminución de 22.412 beneficios en el tercer trimestre de 2025, marcando el primer retroceso desde la finalización de la moratoria previsional de la Ley 27.705 en marzo. Esta caída ocurre a pesar de que el Parlamento había aprobado una extensión de la moratoria por dos años, medida que fue vetada por el Poder Ejecutivo.
El gobierno utiliza este escenario para justificar la secuencia de reformas, priorizando la laboral antes que la del sistema de seguridad social, bajo la premisa de que “Si aportan más no se puede financiar”. Mientras tanto, el aumento previsto del 2.1% para noviembre se proyecta por debajo de la inflación, lo que agudizará la pérdida de poder de compra hacia fin de año. (Agencia OPI Santa Cruz)