El Gobierno nacional formalizó la concesión de 741 kilómetros de rutas estratégicas del corredor del Mercosur a través de la Resolución 80/2025 de la Secretaría de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial. La medida establece un esquema de financiación basado integralmente en el cobro de peajes, eliminando la provisión de subsidios estatales para el mantenimiento y operación de estos tramos. La audiencia pública que definió esta adjudicación culmina con la transferencia de la operación y el riesgo financiero de una infraestructura clave para la salida de la producción y el comercio exterior del país.
La operación de los 741 kilómetros se ha dividido en dos secciones principales. La concesión del denominado Tramo Oriental, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes, fue otorgada a la firma Autovía Construcciones y Servicios S.A. Esta traza es central para la logística del litoral, conectando centros productivos con el eje regional que se extiende hasta Brasil y Uruguay.
En paralelo, la adjudicación del Tramo Conexión recayó en un consorcio empresarial conformado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. Este segmento incluye la gestión y explotación del crucial Puente Rosario–Victoria (RN 174), una conexión fundamental entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe, vital para el acceso a puertos y centros del Gran Rosario.
La justificación oficial esgrimida por el Poder Ejecutivo para la selección de los concesionarios apunta a que las ofertas presentadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”. No obstante, la modalidad sin subsidios impone que la rentabilidad de las empresas concesionarias y el costo total de la obra de infraestructura se trasladen directamente a la tarifa de peaje que deberán afrontar los usuarios, principalmente el transporte de carga que moviliza la producción hacia el Mercosur.
El impacto económico de esta decisión se proyecta más allá de la traza actual, considerando que estos 741 kilómetros son solo el inicio de la reestructuración de la Red Federal de Concesiones, con planes de incorporar nuevos tramos en etapas posteriores hasta alcanzar una extensión total de más de 9.000 kilómetros. La migración del financiamiento estatal al peaje implica un cambio en la matriz de costos logísticos de las economías regionales. (Agencia OPI Santa Cruz)