(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, ha elevado la presión sobre el parlamento provincial. La funcionaria defendió el decreto del gobernador Gustavo Melella que transfiere siete áreas hidrocarburíferas a la empresa estatal provincial, Terra Ignis Energía, calificando la ratificación legislativa como la única vía para evitar una crisis socioeconómica en el sector.
La operación se enmarca en el repliegue estratégico de la petrolera de bandera nacional, que ha decidido concentrar sus inversiones en Vaca Muerta, desprendiéndose de yacimientos maduros en el interior del país. Según detalló Castillo, el convenio abarca la cesión de las áreas “Lago Fuego” y las fracciones A, B, C, D y E en la zona de San Sebastián. La estrategia del Ejecutivo provincial consiste en extender la concesión por 10 años a favor de Terra Ignis, con el objetivo de que la empresa estatal actúe como titular de los activos y busque “asociarse” con capitales privados —nacionales o internacionales— para reactivar pozos que YPF dejó de operar por falta de rentabilidad o interés estratégico.
El punto más sensible del acuerdo, y que funciona como principal herramienta de presión política hacia la Legislatura, es la estabilidad laboral. Castillo advirtió sin rodeos: “Si la Provincia no interviene a través de Terra Ignis Energía, lo que se viene es el abismo“. El esquema diseñado contempla que los trabajadores actuales sean indemnizados por YPF y reabsorbidos inmediatamente por la firma estatal fueguina por el término de un año. Este periodo de transición busca evitar despidos abruptos mientras se reorganiza la operación, aunque deja abierta la incógnita sobre la sostenibilidad de la plantilla pasado ese plazo inicial.
La Ministra enfatizó que el nuevo modelo cambia el paradigma de la provincia, pasando de ser un mero ente concedente a un actor con silla en la “mesa chica” de las decisiones operativas. Según el oficialismo, esto permitiría avanzar en procesos de valor agregado e industrialización secundaria del gas y petróleo, algo que YPF no priorizó. Respecto a los pasivos ambientales, un tema crítico en la transferencia de áreas maduras, Castillo aseguró que los de “mayor costo y complejidad” permanecerán bajo responsabilidad de YPF, quien ya estaría ejecutando tareas de abandono de pozos. Sin embargo, la urgencia es máxima: el Ejecutivo exige una sesión inmediata para validar el convenio, bajo la premisa de que cualquier demora implica riesgo de parálisis productiva y conflicto social. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
