El Gobierno nacional volvió a recurrir a la prórroga de los aumentos impositivos para evitar un impacto directo en la inflación de febrero, aunque el alivio es apenas un diferimiento de deuda fiscal. A través del Decreto 74/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, se modificó el cronograma de actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono previstos en la Ley 23.966.
Pese a que el discurso oficial sostiene la necesidad de un “sendero fiscal sostenible”, la realidad financiera obliga a postergar una vez más la vigencia plena de los incrementos remanentes de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025. El Ejecutivo decidió que la entrada en vigencia total, originalmente pautada para el 1° de febrero, se traslade ahora al 1° de marzo de 2026.
El costo por litro y el impacto diferencial en la Patagonia
Para el mes de febrero, el esquema de “aumentos parciales” establece montos fijos que impactarán de forma desigual según el tipo de combustible y la zona geográfica:
- Naftas: El incremento del impuesto a los combustibles líquidos se fijó en $16,773 por litro, sumado a $1,027 por el tributo al dióxido de carbono.
- Gasoil: La actualización será de $14,372 en el gravamen líquido y de $1,638 en el de carbono.
- Zona Sur: Para la Patagonia, Malargüe y Patagones, se determinó un aumento específico adicional de $7,782 para el gasoil, manteniendo el tratamiento diferencial pero reduciendo la brecha de beneficio histórico para la región.
Esta medida lleva las firmas de Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, y entrará en vigencia a partir del próximo domingo. Sin embargo, la resolución no anula la carga tributaria pendiente, sino que acumula una mayor presión para el inicio del segundo trimestre del año. Al patear el vencimiento 30 días, el Poder Ejecutivo gana tiempo en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque a costa de seguir erosionando la recaudación por vía de impuestos específicos al consumo.
El historial de prórrogas bajo el Decreto 617/2025 demuestra que la normalización del precio de los combustibles sigue siendo una meta esquiva para la gestión actual, que debe equilibrar la caja fiscal con la caída del consumo en boca de expendio. (Agencia OPI Santa Cruz)