El Gobierno del Chubut intimó formalmente a la empresa YPF ante la parálisis operativa y la falta de inversiones en el yacimiento Manantiales Behr. La administración provincial denunció que el proceso de traspaso de activos, iniciado hace más de seis meses, mantiene la actividad en niveles mínimos, afectando de manera directa los ingresos por regalías y la estabilidad de los puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero. La falta de definiciones sobre la firma que asumirá la operación, vinculada preliminarmente al Grupo Rovella, profundizó la incertidumbre sobre la continuidad productiva del área.
La inactividad en el yacimiento se evidencia en la presencia de un solo equipo de perforación y tres de workover, los cuales se encuentran actualmente paralizados a la espera de la concreción del traspaso. Esta situación contrasta con los indicadores de 2014, cuando la operación contaba con casi cuatro veces más equipos en funcionamiento tras la renegociación contractual. Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que los procesos de negociación entre privados no eximen a la operadora de cumplir con los compromisos de inversión y mantenimiento del recurso, cuya titularidad pertenece a la provincia de Chubut.
El gobernador Ignacio Torres advirtió que la provincia no aceptará dilaciones que perjudiquen el interés público ni los tiempos financieros de la compañía. El mandatario señaló que, de persistir la incertidumbre y el incumplimiento de las condiciones necesarias para resguardar la producción, el área podrá ser revertida para su adjudicación a un nuevo operador con capacidad técnica y financiera. Asimismo, se planteó la posible responsabilidad de las autoridades de YPF intervinientes en el proceso por no asegurar el resguardo de la actividad durante la transición.
El reclamo cuenta con el respaldo del sector gremial a través de Jorge Ávila, diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, quien cuestionó la inacción de las empresas involucradas. Ávila exigió la devolución del área si no se garantizan los niveles de inversión necesarios para sostener las fuentes laborales de las familias vinculadas a la actividad. La intimación formal marca un endurecimiento en la postura del Estado provincial frente a la operadora de bandera, en un contexto de caída de producción y riesgo para el esquema de ingresos fiscales de Chubut. (Agencia OPI Chubut)
