(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres inauguró el 54 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con la presentación de proyectos de ley diseñados para condicionar los beneficios fiscales otorgados a los sectores hidrocarburífero y pesquero a una reinversión efectiva en el territorio. La medida expone la falta de garantías en los recientes decretos de eliminación de derechos de exportación y busca obligar legalmente a las empresas operadoras a destinar el ahorro impositivo al desarrollo de infraestructura local y al sostenimiento de la producción.
A través del Proyecto de Ley N 005/2026 denominado Ficha Limpia Pesquera el Ejecutivo provincial propone modificar la Ley IX N 157 para redefinir el acceso y la permanencia en la actividad pesquera. Simultáneamente el mandatario introdujo una iniciativa orientada al sector petrolero argumentando que la eliminación de retenciones a los hidrocarburos convencionales no asegura la inyección de capital en la cuenca madura. Bajo esta premisa el gobierno exige una herramienta normativa que fuerce a las compañías a cumplir con los compromisos de inversión revelando que la previa reducción del 6 por ciento en las regalías fue la condición necesaria para asegurar 205 millones de dólares de las operadoras. Esta lógica de contraprestación se traslada al sector pesquero donde Torres exige que el ahorro derivado de la quita de tributos se traduzca en mejoras portuarias concretas como el dragado del puerto de Rawson financiado mediante un acuerdo entre el sector público y el privado.
La agenda legislativa se enmarca en la administración de las recientes crisis ambientales y habitacionales que atraviesa la provincia. Torres reportó la ejecución de 75 viviendas para los damnificados por los incendios en la cordillera y una asignación de 800 millones de pesos junto con 52 viviendas y 66 lotes para remediar el desplazamiento del Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. En este contexto el gobernador interpeló directamente al intendente Othar Macharashvili exigiéndole la prohibición definitiva de asentamientos en tierras catalogadas como riesgosas desde 2002. El titular del Ejecutivo atribuyó la urbanización de dichas áreas a gestiones demagógicas previas y anticipó el desalojo de cualquier ocupación ilegal tanto en la Comarca Andina como en el sur provincial recordando que tras los incendios de 2021 el Estado otorgó titularidad de tierras a individuos de otras provincias con documentación irregular.
El diagnóstico financiero expuesto por el gobierno provincial se centra en la estructura de la deuda heredada y su impacto en la liquidez estatal. Torres detalló que los empréstitos del BOCADE retenían el equivalente a una regalía petrolera trimestral entera mediante un fideicomiso en el exterior mientras que la deuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias escaló de 40 mil millones a 250 mil millones de pesos debido a la indexación inflacionaria. El gobernador concluyó que la retención de los fondos coparticipables por parte del gobierno nacional forzó la judicialización del conflicto para garantizar el pago de los salarios de la administración pública exponiendo la fragilidad estructural de las cuentas de Chubut ante la dependencia de los ingresos hidrocarburíferos y las decisiones del poder central. (Agencia OPI Chubut)