El juez Ariel Lijo ordenó inhibir el patrimonio de exfuncionarios y lobbistas tras detectar desvíos sistemáticos hacia droguerías privadas. La lista de acusados abarca desde el ex titular del organismo hasta la veintena de empresarios beneficiados por la maniobra.
La fuga de $75.000 millones del erario público hacia un núcleo cerrado de laboratorios destapó la estructura ilegal enquistada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 citó a declarar a 29 personas sospechadas de saquear los fondos del organismo.
El juez federal Ariel Lijo ratificó la hipótesis del Ministerio Público y dictó la inhibición general de bienes sobre los implicados y las firmas contratistas. “La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal”, advirtió el magistrado al fundamentar el congelamiento de activos para asegurar el eventual recupero estatal.
El esquema de corrupción obligó a la Justicia a desarmar la red de contrataciones y estructurar la investigación sobre tres frentes operativos:
- El procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.
- La citación de los eslabones técnicos y políticos: el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y el presunto lobbista Miguel Ángel Calvete.
- El inicio de una nueva ronda de indagatorias fijadas en el calendario judicial entre el 28 de abril y el 26 de mayo.
El expediente detalla cómo las aprobaciones internas funcionaron como una cinta transportadora de partidas presupuestarias hacia las cuentas de privados. La inmovilización patrimonial ordenada por los tribunales bloquea ahora las operaciones comerciales de los más de 20 empresarios que absorbieron los $75.000 millones investigados. (Agencia OPI Santa Cruz)
