(Por: Rubén Lasagno) – A partir del anuncio con bombos y platillo del gobernador Claudio Vidal sobre la creación del nuevo Juzgado de Infracciones de Tránsito en Santa Cruz (con sedes en Río Gallegos, San Julián y Caleta Olivia), el punto más polémico de esta iniciativa, además de la ampliación de nuevos organismos burocráticos que concentran más presupuesto, personal, etc, es justamente la promesa que el gobernador dirigió a la fuerza policial cuando dijo: “Lo que ustedes hagan de acá para adelante, es para cada uno de ustedes y para su familia. Mientras yo sea gobernador, esto va a seguir siendo así. Lo que ustedes generan va a ser para ustedes y nadie se lo va a tocar”
La decisión del gobierno y la frase del gobernador, transita por andariveles peligrosos en una frontera finísima que en el mediano plazo puede traerle algunos dolores de cabeza y afectarlo políticamente como instrumentador de una controvertida decisión que tomó en soledad sin intermediación de ningún sector social ajeno a su endogámico gobierno.
Su objetivo evidente es comprar paz social interna con un sector estratégico y sensible como es la policía provincial, garantizándoles una caja propia para mejorar su bienestar, en medio del conflicto interno que agitan las aguas internas de la Fuerza.
Sin embargo, esta promesa tiene todas las características de un bumerán que puede volverse en contra del gobierno y de la propia institución policial. Si cruzamos esta medida con la existencia de bolsones de corrupción o malas prácticas dentro de las fuerzas de seguridad, los riesgos de un descontento público en algún tiempo, son altísimos.
Obviamente acá voy a tratar de analizar para el público, el detrás de la escena de este anuncio a todo color que hizo el Gobernador desde el atril, la fanfarria y la distribución del producto envasado que cortan y pegan los medios provinciales sin hacer preguntas, guardándose sus dudas y tapándose la nariz en vez de informar honestamente a la opinión pública, analizar la medida y destacando las dudas, más que las certezas que el propio Vidal intentó dar, a raíz de lo cual, debo decir, que el mandatario provincial debería “couchearse” en materia de discurso y oratoria, porque está bastante flojito en el tema.
Buscar plata, no justicia
El objetivo primario de cualquier política de tránsito debe ser la prevención y la seguridad vial y el escenario ideal para el Estado debería ser que se cometan cero infracciones porque eso significa que no hay accidentes y la gente maneja bien. Sin embargo, al atar el financiamiento (y especialmente los salarios) de la policía al cobro de multas, se crea un conflicto de intereses: si la policía hace su trabajo preventivo a la perfección, se queda sin fondos.
Para poder comprar patrulleros o mejorar sus sueldos e inclusive poner combustibles a los móviles, la policía necesita que los ciudadanos cometan infracciones y esto, indefectiblemente, empuja al sistema a buscar (o incluso forzar) la multa en lugar de educar o prevenir, tal como tantas veces nos hemos quejado de lo que ocurre desde hace años en la provincia de Córdoba, donde experiencias de personas cercanas a nuestra Agencia aluden a hechos que cuestionan la moral pública de los agentes en rutas de esa provincia.
Entre la necesidad y el orden
La policía de Santa Cruz tiene déficits crónicos (falta de uniformes, combustible, bajos salarios), por lo tanto, la presión interna por financiarse es abrumadora; desde los uniformes hasta las municiones, por ponerlo en contexto de propio efectivo, tienen deficiencias propias y generan una urgencia permanente.
Esto puede llevar a viejas prácticas conocidas por parte de las policías provinciales como “los cazabobos viales” esconder radares en zonas donde las velocidades máximas cambian bruscamente sin señalización adecuada o a enfocar los controles operativos en las faltas que generan multas más caras, ignorando otras situaciones que quizás son más peligrosas pero menos “rentables”, poner en práctica la “discusión de las rayas amarillas” una práctica muy conocida en Córdoba, donde la policía se pone a la salida de una curva y multa “por sobrepasar la línea amarilla” y al no haber constancia fílmica que le de validez a la acusación, el hecho se circunscribe a una discusión entre el conductor y el policía, ante lo cual ya sabemos cómo termina: con el pago de la multa y la bronca del automovilista que si no incurrió en la falta se enfurece, pierde tiempo y hasta puede ser detenido. Desde hace años la provincia de Córdoba es evitada por muchos automovilistas en tránsito al norte, precisamente por estas razones.
La autoridad de la policía se basa en la legitimidad y el respeto pero si el ciudadano percibe que el control de tránsito no está ahí para cuidarlo, sino para “sacarle plata” y pagar el sueldo del agente que lo está multando, la relación se vuelve hostil. El control de tránsito pierde su carácter de orden público y pasa a ser visto como una especie de “peaje” o impuesto encubierto.
Esto no es nuevo, en realidad el Gobernador con esa “autogestión” busca transferir esa carga al público intentando desligarse de parte de fuertes reclamos internos de la cúpula por fondos para el financiamiento propio y operativo y sacarle a la Justicia un nicho de fondos públicos remanente de estos procedimientos.
Sin control en una provincia sin controles
Un principio básico del derecho es que quien acusa y quien juzga deben ser independientes y aunque se haya creado un “Juzgado de Infracciones”, si el sistema en su conjunto (desde el gobernador hasta la cúpula policial) tiene como meta explícita que la recaudación quede en la fuerza, surge una duda razonable: ¿Qué tan imparcial será el juez de faltas al evaluar el descargo de un ciudadano?.
Si el juez, por ejemplo, anula muchas multas por estar mal hechas, estará desfinanciando directamente a la policía provincial y si las hacen por cualquier cosa, estará incurriendo no solo en la injusticia, sino además, en que el costo político por la antipatías sociales, no va a ser solo para la policía sino para la figura política de quien lo inventó: el gobernador.
Si bien podemos llegar a entender la intención del gobierno provincial de encontrar vías de financiamiento rápidas para una institución que necesita recursos urgentes (y evitar que esos fondos se pierdan en la burocracia del Estado general), financiar gastos estructurales (como salarios y equipamiento básico) con ingresos punitivos (multas) es una política pública muy riesgosa.
El diseño mismo de esta medida tiene todas las condiciones para desviar el objetivo de la policía de tránsito, transformándola de un ente preventivo a un ente puramente recaudatorio, impulsado por sus propias necesidades de subsistencia.
Para que un sistema así no degenere, requeriría auditorías externas extremadamente rigurosas, algo que nunca funciona cuando la necesidad económica apremia y menos en Santa Cruz donde no hay controles efectivos de ningún tipo (solo discursivos) y me remito al tema ambiental para hacer más específico el perjuicio por la falta de control estatal, como lo señalamos en el tema petrolero y minero.
En esta circunstancia, el gobierno solo se interesó en dar la noticia “como impactante”, escenificar el anuncio y hacer “ruido” pero de ninguna manera aludió a controles ni supervisiones externas de este complejo sistema que aplica Vidal, donde, teniendo en cuenta la corrupción histórica existente en la policía y en la Secretaría de Seguridad provincial, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
El Gobernador le transfirió la responsabilidad propia de sostener el sistema de seguridad con fondos públicos, a la sociedad. Pone desde ahora en toda Santa Cruz un ente recaudador más en las calles y rutas. Veremos si con el tiempo resulta una solución o un problema. (Agencia OPI Santa Cruz)