A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo Nacional ejecuta una poda superior a los $970.000 millones sobre las cajas de provincias y municipios. El recorte paraliza obras de saneamiento hídrico y suprime de raíz las transferencias directas que sustentan la administración diaria de las jurisdicciones.
De acuerdo a la documentación financiera, la tijera oficial vacía las partidas de “Obligaciones a Cargo del Tesoro” y del Ministerio del Interior. La administración central justifica el congelamiento bajo el eufemismo de “readecuación presupuestaria“. En contrapartida, las planillas exponen una asfixia financiera fulminante para el desarrollo regional.
Las arcas del interior sufren el mayor impacto en los giros para su funcionamiento básico. El Gobierno recorta exactamente $494.290.000.000 en transferencias para gastos corrientes de las administraciones centrales provinciales.
El ajuste avanza también sobre los esquemas de asistencia. El Poder Ejecutivo retira otros $155.710.000.000 en transferencias vinculadas a los servicios sociales para el interior del país. A su vez, el Ministerio del Interior desmantela los recursos del programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”.
Esta maniobra técnica elimina $320.711.008.980 en fondos corrientes destinados a distritos provinciales y municipales. La falta de liquidez frena la obra pública, golpeando directamente a los gobernadores patagónicos y del norte grande.
El Ministerio de Economía desactiva de forma paralela el programa “Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento”. Esta medida totaliza un recorte de $27.641.624.450. Los anexos oficiales detallan las cuatro obras liquidadas:
- Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut, con una reducción de $4.121.727.222.
- Acueducto Vipos en Tucumán, con una baja de $7.359.538.082.
- Sistema de Agua Potable de Concordia, con una poda de $4.713.360.000.
- Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela, con un recorte de $4.284.053.523. (Agencia OPI Santa Cruz)