(OPI TdF) – La Ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, advirtió este lunes que las redes de trata de personas operan activamente en Tierra del Fuego. La funcionaria provincial confirmó la intervención directa del gobierno en casos simultáneos de explotación laboral y sexual. Ante el freno en el envío de fondos del estado nacional, la administración fueguina sostiene con recursos propios la asistencia integral de las víctimas rescatadas.
Durante una entrevista en la emisora FM del Pueblo, la titular de la cartera judicial cuestionó la percepción social sobre el delito. Rossi aseguró que muchas personas creen erróneamente en la extinción total de estas prácticas. La funcionaria alertó sobre el accionar de las redes de explotación en todo el territorio argentino y aclaró que la isla registra expedientes activos.
La ministra detalló el seguimiento de casos, enfocados principalmente en personas que transitan circunstancialmente por la provincia. Los equipos locales vinculan a las víctimas con sus provincias de origen para articular resoluciones directas.
Los registros oficiales muestran un nivel equivalente entre la trata con fines de explotación sexual y la explotación laboral. Rossi precisó la paridad estadística actual entre ambas modalidades delictivas dentro de la jurisdicción. Las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos de captación para evadir el rastreo policial.
Las redes dedicadas a la explotación sexual migraron hacia espacios menos expuestos. Los tratantes operan en la actualidad desde departamentos, alquileres temporarios, hoteles y entornos estrictamente digitales. La ministra advirtió sobre el uso de herramientas virtuales por parte de los criminales, un factor tecnológico que dificulta las tareas de identificación estatal.
La explotación laboral concentra su actividad en zonas alejadas del ejido urbano. El personal del Ministerio de Trabajo realiza relevamientos periódicos en el campo para constatar estas irregularidades operativas. Los inspectores localizan a las víctimas principalmente en estancias, turberas y ámbitos netamente rurales.
La funcionaria destacó el rol de los habitantes en la detección temprana de las redes. Las autoridades reciben alertas frecuentes de pobladores que observan movimientos sospechosos y deciden notificar al estado. Rossi valoró el aporte de datos externos como una herramienta indispensable para rescatar a familias en vulnerabilidad extrema.
La administración provincial adhirió formalmente al Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas del Delito de Trata. La ministra calificó el acuerdo como un avance institucional histórico para la provincia. Las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas impulsaban la aplicación de esta medida desde hace años.
El convenio garantiza un incremento en la asistencia integral y en el acompañamiento económico posterior al rescate. La iniciativa estatal facilita la inclusión social y laboral de las personas extraídas de las redes de explotación. Rossi valoró el diálogo actual con el Ministerio de Justicia de la Nación, tras reconocer previos cortocircuitos políticos con la administración central.
La funcionaria exigió también la reactivación inmediata del Programa Acompañar, diseñado para contener económicamente a víctimas de violencia de género. El gobierno nacional suspendió el envío de estas partidas específicas hacia las provincias. Rossi reclamó a las autoridades nacionales una postura firme sobre el financiamiento real de las políticas de protección.
Frente al recorte presupuestario, el ejecutivo de Tierra del Fuego destina fondos provinciales para mantener operativos los dispositivos de asistencia. El estado local absorbe los costos totales del acompañamiento jurídico y la contención social. La titular de Bienestar Ciudadano y Justicia demandó al gobierno central la reanudación de las transferencias para enfrentar la operatividad de estas bandas delictivas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)