(OPI TdF) – La justicia de Tierra del Fuego sienta en el banquillo desde este lunes 18 de mayo al secretario general del Consejo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba. El dirigente sindical responde formalmente por una defraudación millonaria vinculada a la comercialización irregular de casas del Estado.
Junto al máximo referente del gremio, el tribunal juzga a Angel Arana, actual secretario de Vivienda de la organización estatal. La fiscalía acusa a ambos dirigentes de orquestar una estafa estructurada con unidades habitacionales de una operatoria perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH).
El esquema judicial también procesa a Erik Enrique Moscoso Panozo por el delito de lavado de activos. De acuerdo a los datos analizados, el acusado armó una empresa constructora e inyectó allí el dinero que la cúpula sindical obtuvo mediante engaños. Los fondos ilícitos derivan de las carpetas que el Estado entregó a ATE para asistir a sus propios afiliados.
El expediente de la causa detalla 22 hechos específicos de maniobras defraudatorias. Las operaciones ilegales apuntan de forma directa al programa de 128 viviendas ubicado en el sector de Barrancas del Río Pipo, en Río Grande.
Los gremialistas ofrecieron lugares de privilegio y soluciones habitacionales a personas que no cumplían los requisitos exigidos por el marco legal. La investigación demuestra que los dirigentes cobraron a cambio sumas de dinero en efectivo, vehículos, cheques y distintos bienes de alto valor.
Los acusados aprovecharon sus funciones gremiales para ejecutar estos cobros indebidos. Presentaron listados de postulantes falsos y gestionaron los trámites ante los organismos públicos, usurpando así los lugares de los beneficiarios legítimos.
Moscoso Panozo ingresa a la red para blanquear el flujo de fondos. El tercer procesado intervino en operaciones comerciales con maquinaria vial, firmó contratos y movió cheques bancarios para darle apariencia legal a los activos originados en la estafa habitacional.
La investigación financiera calculó el impacto económico real del fraude. Los dirigentes despojaron a los falsos postulantes de un total de $8.145.000 y una suma cercana a los 52.000 dólares. La cúpula de ATE percibió estos montos antes del año 2018, fecha exacta en la que las víctimas radicaron las primeras denuncias penales.
El fiscal Daniel Curtale lidera la acusación formal contra el grupo en la sala de audiencias. Del lado de la defensa, los abogados José María Fernández López, Marisel Banegas y Rodrigo Guidi asisten a los tres procesados.
El proceso oral incorpora actores civiles e institucionales que exigen condenas. Los jueces aceptaron como querellante a Daniela Soledad Tapponier, quien asiste con el patrocinio letrado del abogado Enrique Hernández Arriagada. El Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat (IPVyH) también querella a los sindicalistas a través de su propio cuerpo de abogados.
La envergadura política de los acusados alteró el funcionamiento logístico de los juzgados. El Poder Judicial ordenó un fuerte operativo de seguridad para asegurar el desarrollo de las audiencias en el edificio de Tribunales, ubicado en la calle Congreso Nacional 502.
La restricción territorial afecta de forma directa al personal judicial y a los usuarios cotidianos del servicio de justicia. Efectivos de la Policía Provincial controlan los accesos peatonales y bloquean el tránsito vehicular en las arterias aledañas al recinto.
El cerco policial abarca las calles 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional. Los asistentes al debate oral dejan sus vehículos obligatoriamente fuera del perímetro afectado por el operativo preventivo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)