La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos detectó desajustes en las declaraciones juradas y operaciones con criptomonedas del ex funcionario. La fiscalía federal prepara una intimación formal para los primeros días de agosto.
El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe pericial que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de la Nación. El documento reactivó la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado entregó el análisis técnico el 17 de julio de 2026. Los investigadores judiciales comenzaron a revisar las declaraciones juradas, los consumos y las operaciones con activos virtuales de la familia del ex funcionario para dar encuadre jurídico al expediente durante la feria judicial de invierno.
La auditoría abarca los movimientos económicos del ex jefe de Gabinete y de su de su esposa, Bettina Angeletti. El estudio exhaustivo confrontó los ingresos declarados con los gastos corrientes, las transferencias entre cuentas bancarias y los retiros de plataformas virtuales desde el inicio de la gestión gubernamental.
La ruta de los activos virtuales y cuentas familiares
Los peritos contables desglosaron de forma minuciosa la estructura de deudas, créditos y disponibilidades en moneda extranjera del matrimonio. La pesquisa reconstruyó los flujos financieros para determinar si el incremento patrimonial cuenta con un respaldo documental sólido o si existen ingresos ocultos.
El control incluyó el rastreo de billeteras virtuales.
Los técnicos cruzaron los datos de compras, ventas y permutas de criptoactivos con los antecedentes fiscales registrados en la Administración Federal de Ingresos Públicos. El informe definitivo no explicita sumas de dinero fijas, sino desajustes metodológicos que el fiscal utilizará como base para la intimación.
Plazos judiciales y estrategia de la defensa
El abogado defensor Matías Ledesma mantuvo una postura de observación frente a las medidas ordenadas en el expediente. La notificación formal otorgará un plazo perentorio para que el imputado aclare el origen de los fondos bajo sospecha.
Si la fiscalía descarta la justificación, la resolución final quedará en manos de la máxima autoridad del juzgado.
“La decisión final de convocarlo o no a una declaración indagatoria será del juez del caso, Ariel Lijo“, confiaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación que lleva adelante la fiscalía federal.
La investigación judicial se originó a partir del análisis de la evolución económica de la familia desde el 14 de diciembre de 2023, fecha en la que el actual investigado asumió sus funciones en la administración pública nacional. Los tribunales de Comodoro Py mantendrán la actividad de análisis sobre este expediente durante el receso invernal para acelerar los plazos de la citación. (Agencia OPI Santa Cruz)