El gobierno a través del IDUV cerró con PROALSA SRL un nuevo contrato millonario. Sin prisa pero sin pausa los negocios de la obra pública siguen vigente en Santa Cruz

(Por: Rubén Lasagno) – El 25 de julio 2026 hicimos la primera nota sobre el tema que hoy aparece en la prensa provincial como “un logro de gestión” del gobierno provincial, relato aderezado cuidadosamente por un coro de plumas que resaltan la iniciativa de poner una planta de procesamiento de alimentos balanceados por parte de la sociedad unipersonal Santa Cruz Puede, que intentan pintar en los medios como si fuera una cuerda separada del Estado provincial, cuando en realidad se trata del propio gobierno creando una fantasía administrativa para eludir controles mientras abastece a la misma con fondos públicos.

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Ahora se conoce públicamente que el IDUV ya firmó el contrato para la construcción de la Planta de Alimentos Balanceados que hará con los denominados Fondos UNIRSE cerrando de esta manera la Licitación Pública N° 04/IDUV/2026, hecha con nombre y apellido, desde que la idea comenzó a rondar la cabeza del gobernador y su equipo.

Como no podía ser de otra manera, ayer en el IDUV cerraron el acto protocolar Marcelo Rubén De La Torre, presidente del Instituto y el representante de la empresa PROALSA S.R.L., Luis María Scarpeccio, con cuyo apellido nació este proyecto y fue coronado por la bonita suma de  $ 1.560.917.911,72. La obra se ejecutará bajo el sistema de Ajuste Alzado y acá viene la otra trampa que esconde la información oblicua, poco transparente y de sospechosa implementación.

El dato y la omisión

El concepto “Ajuste Alzado” en la obra pública, significa que la empresa, en este caso PROALSA SRL se compromete a realizar la totalidad de los trabajos por un precio único, global e invariable ($ 1.560.917.911,72) establecido en el contrato. En este caso la SAU o sea, el Estado provincial comitente, “transfiere el riesgo de los cómputos de costos al contratista”. Dicho así parece genial el sistema utilizado porque cualquier desprevenido piensa “Se terminó el curro de los sobreprecios y las ampliaciones presupuestarias en la obra pública de Santa Cruz”. En síntesis con la omisión de algunos datos, todo parecería indicar que PROALSA estaría decidida a perder plata. Pero, no es así.

El pago del precio fijo y global indica que se pagaría una suma única total por la obra terminada, sin importar si los costos reales de los materiales o de la mano de obra varían durante el proceso, salvo previsiones específicas del pliego, pero hay variables que se utilizan por dentro del denominado “Ajuste Alzado” que cambia según se use a continuación del concepto la palabrita “Absoluto” o “Flexible”.

En el primer caso (Absoluto) la obra debe ejecutarse tal como se licitó; si el contratista calculó mal las cantidades de materiales necesarias para terminarla, debe absorber la diferencia a su costo; pues bien, no es el caso de la contratación de PROALSA por parte del IDUV

El “Ajuste Alzado Flexible” que es el usado en la práctica de obras en la administración pública, admite ajustes o redeterminaciones de precios si ocurren modificaciones aprobadas en el proyecto o variaciones extraordinarias previstas por la ley, las cuales en Santa Cruz siempre ocurren y con valores que, como lo hemos demostrado en informes de investigación prácticamente han llegado a cubrir el 50% del valor inicial de la obra.

Por lo tanto, la omisión de la palabrita fatal al lado del concepto de “Ajuste Alzado” que la prensa repite como lorito para darle más formalidad al acto de continuar con la cartelización de la obra pública en Santa Cruz, es la clave para saber que todo sigue exactamente igual que en épocas de Alicia Kirchner y Pablo o María Grasso, la relación incestuosa del IDUV con las empresas de los amigos y el drenaje de fondos públicos transferidos de la billetera oficial a manos privadas y vaya a saber con cuántos retornos en el medio de toda esta movida de “transparencia aparente” que simula el gobierno y los empresarios amigos.

Miedo a encontrase con ellos mismos

Obviamente, para que todo esto suceda no solo se requiere un gobierno corrupto, la prensa silenciada y los mismos “empresarios” de siempre colgados de las oportunidades que les dan los gobiernos de Santa Cruz, independientemente de su pelaje, sino una inclaudicable vocación por lema francés Laissez faire, laissez pase (Dejar hacer, dejar pasar) por parte de la oposición provincial, donde nadie hace denuncias penales, pide, reclama, insistie; y ni hablar de la apatía pública de una sociedad que reniega en silencio, pero sigue dándole la espalda a la realidad que la consume, la empobrece, la margina pero a la cual le piden el voto cada dos y /o cuatro años.

Para poner en palabras un fenómeno donde la oposición calla por temor a que el hilo de la corrupción la enrede a ella misma, podemos apelar a conceptos de la ciencia política, donde la clave está en  la continuidad del esquema y la vulnerabilidad compartida entre la gestión saliente y la entrante.

Entre estos conceptos hay uno que sobresale de todos que es la doctrina del DMA o “Destrucción Mutua Asegurada”, un término de la guerra fría que explica por qué ninguno ataca ya que la respuesta del otro destruiría a ambos. En el IDUV, disparar contra la gestión actual implica activar la mecha de la gestión anterior y viceversa.

Por esto es que alrededor de temas como la obra pública y el IDUV particularmente, se genera una “Omertá” ya sea por conveniencia o espanto el silencio de la oposición no es distracción, es un código de autopreservación. Callar sobre el presente es la única forma de proteger el pasado.

Por lo tanto la oposición en Santa Cruz no padece de ceguera ni amnesia; sufre de un prudente “calculismo”; sabe que escarbar en el IDUV actual es activar una retroexcavadora sobre sus propias huellas, es decir, que el silencio opositor ante las irregularidades del IDUV no es tibieza política, es instinto de autopreservación. La denuncia que callan hoy es la autoincriminación que evitan mañana y eso el gobierno de Claudio Vidal lo sabe y actúa en consecuencia, porque mañana, ellos estarán en la misma situación.

De otra manera no se entiende que Vidal no denuncie penalmente a Pablo Grasso y su hermana y viceversa. Para “la gilada” ambos simulan una peleíta de baja intensidad ante la opinión pública pero en el fondo de la cuestión, ni Vidal ni Grasso quiere que la sangre llegue al río.

Está visto y comprobado a través de los distintos informes que realizamos en OPI Santa Cruz que en la arquitectura del IDUV, los nombres y apellidos solo cambiaron de escritorio, pero no de circuito. Hay una evidente continuidad de firmas y beneficiarios que convierte a la oposición en socia del silencio.

Podríamos decir que el IDUV funciona como una posta donde no se cambió el modelo, sino los operadores. Denunciar penalmente a la gestión actual le exigiría a la oposición explicar por qué los mismos actores operaban con idéntica soltura durante el esquema anterior de Alicia Kirchner y los mismos “empresarios” siguen siendo los socios para nada bobos y muy caros al patrimonio de la provincia de Santa Cruz en medio del discurso maniqueísta de Claudio Vidal que no se cansa de decir que su gobierno, es distinto. (Agencia OPI Santa Cruz)