La autoridad aeronáutica nacional activó un régimen de fiscalización sobre las terminales aéreas del país, obligando a los trabajadores en conflicto a mantener tres cuartas partes de la operatividad técnica durante las jornadas de protesta sindical.
La Administración Nacional de Aviación Civil emitió una intimación formal contra la seccional de la Asociación Trabajadores del Estado para exigir la cobertura obligatoria del 75% de los servicios aeronáuticos durante el 3 de septiembre de 2026. La disposición oficial busca contener el impacto de las asambleas convocadas en demanda de partidas salariales y presupuestos para áreas operativas críticas en los aeropuertos del territorio argentino.
La notificación gubernamental encuadró el apercibimiento dentro de las previsiones normativas fijadas por el artículo 24 de la Ley N° 25.877, modificado por la Ley N° 27.802. La legislación declara a la actividad aeroportuaria comercial como servicio público esencial y supedita el ejercicio de medidas de acción directa al sostenimiento de tres cuartas partes del esquema operativo ordinario en toda la red nacional de transporte aéreo.
El cronograma de protesta diagramado por la representación gremial contempla medidas de fuerza durante dos turnos diarios, estipulados entre las 09:00 y las 12:00 y de 18:00 a 21:00, extendiéndose también al 4 de septiembre de 2026. Las autoridades regulatorias comunicaron que cualquier interrupción total de actividades o retracción operativa que perfore el piso legal establecido acarreará sanciones directas contra el personal involucrado.
Equipos técnicos de la autoridad aeronáutica ejecutarán inspecciones directas en las distintas terminales del país para fiscalizar la presencia de las dotaciones mínimas en las áreas operativas sensibles. El despliegue de control administrativo apunta a verificar la continuidad de los vuelos previstos en las grillas comerciales, mitigando las cancelaciones masivas en los períodos horarios donde se concentrarán las asambleas de los trabajadores estatales.
El marco legal de la Ley N° 27.802 en el conflicto de ATE ANAC
El enfrentamiento institucional expone el reclamo de los agentes públicos por la falta de liquidación de haberes que contemplen incrementos salariales previamente pactados bajo ítems extra paritarios. La representación gremial exige además la apertura formal de la negociación paritaria para el sector específico, señalando la pérdida del poder adquisitivo frente al encarecimiento general de la economía y el congelamiento de las remuneraciones en la planta operativa.
A los reclamos salariales se suma la demanda de asignación presupuestaria urgente para el financiamiento operativo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, cuerpo técnico responsable de la seguridad inmediata en pista ante emergencias aeronáuticas. Los delegados gremiales denunciaron que el recorte de fondos afecta también al sector de Fiscalización en Aeropuertos, división que supervisa los estándares de seguridad operacional en las terminales del país.
Las empresas aerocomerciales comenzaron a reorganizar sus diagramas de vuelo preventivos y notificaron a los usuarios sobre posibles alteraciones en los itinerarios programados para ambas jornadas. Aunque la administración central prevé que los servicios mantendrán regularidad fuera de las franjas de protesta de tres horas por turno, las compañías advirtieron que la operatoria efectiva dependerá de la disponibilidad de personal y de la respuesta de cada terminal aérea.
La intimación cursada por las autoridades de aviación civil fijó un precedente regulatorio estricto para encauzar el conflicto gremial bajo el régimen legal de servicios esenciales. Las terminales aéreas permanecerán bajo supervisión estatal permanente durante el desarrollo de las medidas de fuerza, mientras los expedientes administrativos y las actas de constatación labradas determinarán la apertura de actuaciones sancionatorias ante eventuales retenciones no autorizadas en pista. (Agencia OPI Santa Cruz)