El máximo tribunal desestimó la última apelación de la defensa y clausuró la vía extraordinaria, ratificando la inhabilitación absoluta perpetua y la condena de seis años para su cuñado y su exministro de comunicación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el 3 de septiembre de 2026 la sentencia a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo contra el exgobernador Sergio Urribarri. El máximo tribunal desestimó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del exmandatario entrerriano en la causa por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron por inadmisible la presentación de los abogados defensores, convalidando de manera definitiva la pena carcelaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La determinación judicial cierra el trámite penal derivado de los contratos directos de propaganda gubernamental orientados a la promoción de intereses particulares.
La resolución ratificó el veredicto dictado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná el 7 de abril de 2022. Aquella sentencia fijó además una pena de seis años de prisión contra el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y contra Juan Pablo Aguilera, sindicado en la causa como el articulador de una red de sociedades comerciales destinadas a captar recursos públicos.
Las actuaciones acreditaron que el direccionamiento de partidas benefició a la firma Global Means antes de que la sociedad contara con habilitación legal para operar en el mercado. En idéntico sentido, los peritajes comprobaron el control exclusivo durante cinco años sobre los carteles oficiales en favor de las empresas Tep SRL y Next SRL, ambas administradas por intermediarios vinculados a Aguilera.
El expediente judicial concentró cinco maniobras principales, entre las cuales constató el desvío de $14 millones de pesos para instalar un parador promocional en la costa de Mar del Plata como parte de la campaña proselitista denominada el Sueño Entrerriano. A su vez, los magistrados determinaron pagos fraudulentos a la productora comercial Nelly Entertainment para la emisión de tres spots institucionales vinculados a la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en el año 2014.
El recorrido procesal de la causa judicial contra Sergio Urribarri
El pronunciamiento condenatorio transitó las etapas de apelación en el fuero provincial hasta obtener la ratificación del Tribunal de Casación de Entre Ríos en el año 2023. Con posterioridad, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó los recursos extraordinarios locales interpuestos por los representantes legales de los imputados, habilitando la queja federal resuelta en Buenos Aires.
El expediente penal registró antecedentes de encierro preventivo cuando la Casación provincial dispuso el arresto de Urribarri en noviembre de 2024 ante la verificación de riesgos procesales. Aquella medida privativa de la libertad se extendió durante 50 días en dependencias penitenciarias, hasta que la Sala de feria del Superior Tribunal de Justicia entrerriano revocó el encierro carcelario en enero de 2025.
El dirigente peronista encabezó el Poder Ejecutivo de Entre Ríos durante dos períodos comprendidos entre los años 2007 y 2015, ocupó una banca como legislador en la Cámara de Diputados provincial y asumió la representación diplomática argentina ante el Estado de Israel en 2020. La formalización del veredicto penal de primera instancia forzó su renuncia al cargo en la embajada en abril de 2022.
El rechazo formal de la queja agota la totalidad de las instancias recursivas ordinarias y extraordinarias en la República Argentina. Con la devolución de las actuaciones procesales a los tribunales de Paraná, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos quedó habilitado para ordenar la detención inmediata de Urribarri e instrumentar la ejecución de las condenas de prisión efectiva. (Agencia OPI Santa Cruz)
