ADEPA denunció 335 ataques presidenciales a la prensa

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El informe semestral presentado en San Miguel de Tucumán contabilizó 335 hostigamientos digitales oficiales en siete días y denunció bloqueos al acceso físico en la Casa Rosada y ministerios nacionales.

Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, denunció en San Miguel de Tucumán la existencia de un patrón estatal de hostigamiento contra periodistas y el avance no remunerado de la inteligencia artificial sobre contenidos informativos. El documento, expuesto durante la 64ª Asamblea anual de la institución, alertó sobre proyectos oficiales para criminalizar la actividad informativa y censurar el acceso físico a las sedes de gobierno.

La conducción de ADEPA puntualizó su rechazo a las declaraciones formuladas el 25 de agosto de 2026 por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien reclamó la intervención de los tribunales y promovió una ley penal contra publicaciones de prensa. La postura ministerial recibió el respaldo explícito de Javier Milei, presidente de la Nación, situación que ADEPA calificó como un mecanismo lesivo para los estándares de investigación sobre asuntos públicos.

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El informe incorporó la presentación que Milei encabezó ante estudiantes secundarios de la Escuela ORT de Buenos Aires, donde promovió manifestaciones de rechazo hacia los trabajadores de prensa. La comisión de prensa de ADEPA fundamentó la asimetría de poder estatal mediante una auditoría digital ejecutada entre el 17 de agosto de 2026 y el 23 de agosto de 2026, período en el cual la cuenta oficial del mandatario nacional emitió 335 republicaciones agraviantes, 26 mensajes propios y 21 acusaciones verbales directas.

La monitorización de ADEPA identificó a 16 periodistas y nueve empresas de comunicación señaladas nominalmente desde el Poder Ejecutivo Nacional en esa única semana. A este cuadro de confrontación se sumó la restricción al acceso físico de cronistas acreditados en la Casa Rosada, implementada progresivamente desde el mes de abril de 2026, a la par de trabas análogas impuestas en dependencias del Ministerio de Economía y en la Cámara de Diputados de la Nación.

ADEPA denunció restricciones provinciales y apropiación algorítmica de contenidos

En el plano distrital, el documento de ADEPA cuestionó la resolución dictada por el Ministerio Público de San Juan, organismo que centralizó la comunicación en un único funcionario y vetó las consultas directas a los agentes judiciales. A la par de los condicionamientos burocráticos, Dessein expuso el usufructo ilegítimo que ejecutan las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, cuyos modelos de lenguaje extraen producción periodística protegida sin retribución financiera ni reconocimiento de propiedad intelectual.

La concentración del mercado publicitario en corporaciones digitales externas amenaza la continuidad operativa de las redacciones profesionales en las provincias argentinas. El análisis documental de OPI Santa Cruz sobre el informe verificó que la sustracción de contenidos informativos por algoritmos debilita los ingresos de los medios, al tiempo que consolida canales opacos de desinformación masiva en los entornos virtuales.

Frente al deterioro del debate institucional, el informe valoró pronunciamientos de tribunales que frenaron intentos de amedrentamiento procesal. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó las medidas de censura que promovieron Claudio Tapia y Pablo Toviggino contra comunicadores, ratificando la nulidad de impedimentos cautelares sobre coberturas de interés general.

Asimismo, la justicia federal confirmó el sobreseimiento del periodista Daniel Santoro en el expediente tramitado junto al falso abogado Marcelo D’Alessio, ratificando la tutela constitucional del secreto de las fuentes profesionales. El pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial Federal que rechazó desindexar noticias sobre directores teatrales y la restitución de perfiles digitales al periodista Alejandro Pueblas completaron el cuadro de resoluciones que mantienen vigente la protección jurídica de la prensa en Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)

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