(OPI TdF) – La administración isleña extendió las autorizaciones de exploración y producción hidrocarburífera hasta por siete años, desoyendo la resolución judicial emitida desde el norte de la provincia que impone el cese operativo inmediato a las compañías adjudicatarias.
En Río Grande, la Justicia Federal mantiene una orden de restricción contra las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para frenar el desarrollo hidrocarburífero offshore, en confrontación directa con la decisión británica de extender los permisos en la cuenca norte del archipiélago. La administración de las Islas Malvinas formalizó la prórroga por cinco años a los operadores petroleros vigentes, autorizando un plazo adicional de dos años si las adjudicatarias ejecutan los planes de inversión estipulados.
La Justicia Federal ordenó suspender el proyecto Sea Lion
La jueza federal Mariel Borruto ordenó a las operadoras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras dirigidas a poner en producción el yacimiento Sea Lion. El pronunciamiento derivó de la acción judicial impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto al Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata, ante la falta de habilitación de los organismos de la República Argentina.
Dicho bloque productivo se ubica a 220 kilómetros de las islas y sostiene un cronograma de extracción de crudo orientado al primer trimestre de 2028. La integrante de la Asamblea Legislativa de Malvinas, Cheryl Roberts, ratificó la continuidad de los contratos: “Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”.
Gran Bretaña amplió el esquema de concesiones hidrocarburíferas
La estructura de adjudicaciones unilaterales abarca a las empresas británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto a la canadiense JHI. La gobernación colonial autorizó a una filial de Navitas Petroleum a incorporar el 65% del bloque PL001, lindero a Sea Lion, mediante el traspaso convenido en febrero con JHI Associates, con la meta de acelerar la evaluación del área.
El Gobierno argentino denunció la ilegalidad de las autorizaciones foráneas al ratificar que todo emprendimiento extractivo en la plataforma continental exige aval de las autoridades de la República Argentina. Cancillería sustenta la impugnación en la Resolución 31/49 de la Organización de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe introducir modificaciones unilaterales sobre el territorio en litigio mientras continúe vacante una resolución de fondo sobre la soberanía. (Agencia OPI Tierra del Fuego)