Las negociaciones parlamentarias en la Cámara de Diputados buscan neutralizar la sesión convocada por la oposición contra el megadecreto desregulatorio mediante la concesión de partidas presupuestarias y modificaciones normativas clave.
El bloque oficialista de La Libertad Avanza estructura un plan para reincorporar restricciones a la compraventa de tierras rurales dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el fin de frustrar el quórum de la sesión pedida por la oposición para derogar el DNU 70/23. La maniobra parlamentaria apunta a salvaguardar la vigencia del decreto troncal de la administración que encabeza el presidente Javier Milei, trasladando las disposiciones de la derogada Ley de Tierras al texto que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación.
Las conversaciones formales se desarrollaron durante una reunión en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados de la Nación, donde participó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Frente a las consultas reiteradas de los bloques dialoguistas sobre la tutela del territorio rural, los delegados del Poder Ejecutivo plantearon la incorporación de límites específicos dentro del expediente de propiedad privada, alternativa que aún carece de resolución definitiva. La contrapropuesta oficial incluye la promesa de habilitar el recinto el 21 de octubre para debatir un temario que integre proyectos sobre sobreendeudamiento familiar, financiamiento para discapacidad, partidas para universidades nacionales y obras públicas.
Modificaciones normativas y reparto de fondos en la Cámara de Diputados
La estrategia legislativa busca dejar sin número la sesión especial solicitada para el 15 de octubre, una cita que el entramado opositor sostiene tras el rechazo del texto dictado por la Cámara alta el 14 de marzo de 2024. Referentes de Unión por la Patria ratificaron la decisión de acudir al recinto para forzar la exposición pública de los posicionamientos políticos sobre el régimen de tierras. Por su parte, la diputada nacional Mónica Frade, perteneciente a la Coalición Cívica, aseveró a través de la señal Alpha TV que las dilaciones para confirmar el rechazo definitivo a la norma durante los períodos legislativos previos también respondieron a faltas de respaldo dentro de la propia bancada peronista.
En paralelo, la mesa de diálogo incluye el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo cronograma de comisiones quedó agendado para comenzar el martes 13. Para garantizar el acompañamiento de las bancadas intermedias, el oficialismo evalúa atender demandas sobre partidas sectoriales y aceptar modificaciones sustanciales en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El principal obstáculo en esa iniciativa radica en el artículo 111, un apartado resistido por sectores opositores debido al establecimiento de penas de prisión ante supuestas maniobras de manipulación pública mediante campañas de desinformación o financiamiento extranjero. Los bloques objetan que dicha tipificación penal, sumada a la concentración de atribuciones en el Consejo de Seguridad Nacional y las pautas para derribo de aeronaves e intervención contra amenazas externas, habilitaría mecanismos de persecución y censura sobre el trabajo de la prensa.
A estas tensiones se agrega el seguimiento institucional sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra pendiente una resolución orientada a designar a dos conjueces para evaluar la vigencia del marco de protección de tierras a raíz de una presentación formulada por la Asociación Civil Árbol de Pie. (Agencia OPI Santa Cruz)