(Por: Rubén Lasagno) – El anuncio que hizo el Interventor de YCRT Pablo Gordillo el mes pasado, marca la transición definitiva de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) desde un modelo de dependencia absoluta del Tesoro Nacional hacia un esquema de Sociedad Anónima (S.A.) de capital mixto; el tema que no se expresa muy claramente es cómo, de qué manera y a qué costo; y lo que allí dice el Interventor es realmente preocupante por las irrisorios montos que maneja a la hora de enajenar bienes públicos.
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La lectura de esta apertura al capital privado, cruzada con los datos oficiales de la Secretaría de Energía y el estado actual de la intervención, indica que el Gobierno Nacional ha decidido cortar a cero los fondos de capital (CAPEX), limitando las transferencias únicamente al pago de salarios (OPEX), como lo viene haciendo desde hace un año. Como hemos dicho hasta el cansancio, el Estado nacional no tiene capacidad para financiar el funcionamiento operativo (ni quiere hacerlo), por lo tanto, la privatización parcial es “la única vía para evitar la parálisis total y definitiva del yacimiento y la usina” es el argumento interno del yacimiento bajado desde la conducción. Del yacimiento se recuerda como máxima producción reciente, dos buques de carbón en el 2019 y uno en el 2025; la usina 240, nunca funcionó.
El esquema hacia el que avanza la actual intervención de Pablo Gordillo por orden política superior busca blindar el control político mientras transfiere el riesgo operativo y financiero a los privados; se trata de retener el 51% el Estado, 39% con aportes de capital para reactivar la extracción y el servicio de la Usina 21 Mw y el 10% de Propiedad Participada con los empleados, orientado a lograr apoyo interno para el plan.
Las inversiones en danza
El modelo de concesiones y ventas directas que tenía programado YCRT fue reemplazado en este gobierno por el Régimen de Iniciativas Privadas, supervisado por la Agencia Transformadora de Empresas Públicas. Esto respondió directamente a la necesidad de blindaje institucional tras el escándalo de septiembre de 2024, cuando Thierry Decoud fue desplazado en medio de denuncias por presuntas coimas vinculadas a la venta de 30.000 toneladas de carbón a la firma emiratí-israelí TEGI Limited. Pero tal como se perciben “estos cambios” lo que viene no va a ser mucho mejor, a juzgar por los detalles que surgen de este programa.
El nuevo plan está orientado a la capitalización de la extracción carbonífera, por ello, la presencia reciente de firmas técnicas internacionales como FAMUR (especializada en maquinaria minera) en la cuenca, brindando capacitaciones en áreas electromecánicas e hidráulicas, ha sido difundido como un paso hacia la preparación de la infraestructura para cumplir con estándares de producción exigidos por estos capitales. Eso se dice desde la Intervención.
Para la Usina térmica hay una estimación de entre 20 y 25 millones de dólares de inversión.El objetivo de esta inversión es lograr el ingreso sostenido en servicio del sistema generador para generar energía que no solo abastezca al yacimiento, sino que se integre al sistema interconectado provincial, una articulación que ya cuenta con el aval político del Gobernador Vidal.
Proyección
Lo que va a ocurrir en YCRT en el corto y mediano plazo es una tercerización de facto de las operaciones comerciales e industriales, manteniendo la cáscara jurídica estatal. Al declarar estas propuestas privadas de “utilidad pública”, YCRT cederá la explotación y exportación de su producción a las corporaciones que inyecten los US$ 140 millones necesarios, reservando sus propios ingresos provenientes del Estado nacional, casi exclusivamente para sostener la masa salarial.
El éxito de este modelo dependerá estrictamente de que las propuestas superen las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), aún activa en la empresa y logren la rentabilidad prometida antes de que el Estado Nacional decida recortar también los subsidios que hoy sostienen los convenios colectivos vigentes, lo cual está cada vez más cerca.
Sin embargo hay mucha resistencia desde sectores políticos por este plan que, de acuerdo a los bajísimos valores de justipreciación de los activos, tantos del yacimiento como de la Usina termoeléctrica, lo cual se presenta como un negocio de pocos a costa de muchos. No olvidemos que el yacimiento y la termousina tienen inversiones en infraestructura técnica y civil por miles de millones de dólares y hoy, en conjunto, el plan de privatización parcial habla de entregarlo por aproximadamente 150 millones de dólares en conjunto o menos. Recordemos que el propio Gordillo en una entrevista justificó la cotización de escasos 90 millones de dólares de la Usina 240, señalando algo así como que no se puede vender mejor algo que no funciona, argumento oportunista si lo hay, pues mientras peleaba para que el gobierno nacional invirtiera en su puesta en funcionamiento, la usina era la salvación de la energía regional.
Otro de los puntos que han dejado afuera los que cranean este plan, es el condicionamiento que antecede a cualquier operador privado que se sume a la ecuación: la reducción de al menos la mitad del personal de la empresa. Como este mensaje es absolutamente impopular, las autoridades lo esconden y las fuentes de la empresas sostienen que las empresas privada exigen que esta medida la tome la Intervención, antes de que ellos ingresen a este modelo participado de negocios. (Agencia OPI Santa Cruz)