(OPI TdF) – El Gobernador de Tierra del Fuego presentará una demanda judicial contra la Legislatura. Los parlamentarios rechazaron el veto del Ejecutivo y ratificaron la derogación de la Ley 1529, sepultando el proyecto oficialista.
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El gobernador Gustavo Melella anunció que presentará una demanda ante la Justicia para revertir la decisión de la Legislatura provincial. La cámara parlamentaria rechazó el veto del Poder Ejecutivo este viernes en Ushuaia, Tierra del Fuego. Los legisladores ratificaron de esta forma la derogación de la Ley 1529 de reforma parcial de la Constitución provincial. La derrota parlamentaria desarticuló el plan político que el oficialismo arrastraba desde hacía dos años.
“Estamos frente a una iniciativa claramente inconstitucional y, por eso, la demanda deberá ser presentada ante la Justicia“, afirmó Gustavo Melella luego de la sesión legislativa. El mandatario fueguino busca sostener un proceso que ya incluía la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes. El Ejecutivo argumenta que el mecanismo reformista posee derechos adquiridos irrenunciables.
La mayoría en la Legislatura provincial desactivó la estrategia del oficialismo. La oposición impuso su número, bloqueó la insistencia del Ejecutivo y dejó sin sustento legal el llamado a las urnas. “Pretender detenerlo ahora con otra norma implica vulnerar derechos políticos y desconocer las reglas básicas del sistema democrático“, replicó el Gobernador. Sus declaraciones exponen el nivel de confrontación institucional que atraviesa la isla.
La gestión de Gustavo Melella muestra signos de debilitamiento político tras perder el control de su principal iniciativa legislativa. Sectores del oficialismo afirman que la reforma constitucional mantiene su validez jurídica, a pesar del voto mayoritario del Parlamento. En la vereda opuesta, los bloques opositores aseguran que la derogación de la Ley 1529 clausuró definitivamente el proceso constituyente.
El conflicto de poderes reactivará la batalla legal en los tribunales de Tierra del Fuego. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia deberá resolver la validez de la insistencia legislativa. El escenario actual expone la fragilidad de los consensos políticos del oficialismo fueguino para reformar la carta magna provincial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)